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Los Contratos de Distribución: Extinción e indemnización por clientela

Este tipo de contratos han sido y siguen siendo una de las materias más litigiosas en el derecho de la contratación. De ahí los innumerables intentos por parte del legislador de establecer una regulación específica para los mismos, aunque todos sin éxito. Es por ello que actualmente sigue existiendo mucha controversia en cuanto a la extinción e indemnización por clientela de los contratos de distribución y a la aplicación análoga o no de la Ley 12/1992, del Contrato de Agencia (LCA, en adelante).

La Reagrupación Familiar en España

La reagrupación familiar es un procedimiento que pueden llevar a cabo aquellos extranjeros que residan en España, a fin de poder reunirse en territorio español con sus familiares más cercanos que se encuentren residiendo en un país extra comunitario.

El Desahucio por Impago de suministros

En caso de ser arrendadores de una vivienda o local, según lo indica la Ley de Arrendamientos Urbanos, será el arrendatario quién tenga que hacerse cargo del pago de suministros de lo alquilado, salvo que el contrato indique lo contrario. Desahucio

La Nueva Ley de Patentes

A partir del 01 de abril de 2017 entrará en vigor la Nueva Ley de Patentes, siendo este uno de los cambios más significativos en los últimos 40 años en este campo. Con las modificaciones se pretende crear un efecto unitario, otorgando una seguridad jurídica uniforme con los mismos efectos en todos los Estados Miembros participantes del sistema, ala vez que reducir costes e incentivar el I+D+i.

El Proceso Monitorio

El proceso monitorio es un procedimiento que tiene como fin último el pago de deudas económicas a acreedores, sean del importe que sean. También se aplica en casos de reclamación de cantidades a propietarios de un inmueble frente a la comunidad de propietarios en relación a temas de impagos de cuotas o gastos comunes.

La retención del 3% del valor de la venta de un inmueble de un No residente

Recientemente se ha implantado la obligación de la retención de un 3% del valor de la venta de un inmueble, en caso de que el vendedor y propietario de la propiedad sea un no residente.